Autonomía Sur representa al SAT en la impugnación del actual convenio de la hostelería. Se reclama la aplicación del IPC pactada en el anterior, lo que tendría un impacto aproximado de 36 millones de euros en el sector en el caso de que el juez estimara esta demanda.
El actual convenio, firmado por UGT y CCOO tiene vigencia de dos años y en en el mismo se «renegociaron» los incrementos salariales pactados para el año 2012. Se trata de una renegociación fuera de plazo, restrictiva de derecho, sin apoyo jurídico alguno y sobre materia indisponible para quienes la han negociado. La demanda recuerda que según el Estatuto de los Trabajadores durante la vigencia de un convenio colectivo puede renegociarse su revisión, pero esta posibilidad no es válida si se efectúa fuera del ámbito de vigencia del convenio.
El impacto económico a favor de los trabajadores que tendría la demanda, en el caso de que fuera estimada por el juez de lo Social, ronda los 36 millones de euros aproximadamente, puesto que afecta a unos 35.000 trabajadores de la hostelería a los que habría que abonar una media de 300 euros por cada año desde 2012.