Autonomía Sur, a través de su Asesoría Jurídica, se suma al siguiente manifiesto en defensa de una gestión de la crisis sanitaria donde no se pisen derechos fundamentales. A continuación, reproducimos el texto apoyado por más de 100 personas y entidades del ámbito legal.
Somos conscientes de la complejidad y dificultades que supone gestionar una crisis sanitaria como la derivada de la pandemia del coronavirus.
Para todo el mundo, cada cual con sus responsabilidades, desde las de carácter estrictamente individual hasta las máximas de carácter colectivo, es un desafío inédito y angustiante. Sin embargo, también tenemos la certeza de que es justo en momentos graves, como el actual, cuando la solidez de los valores de un sistema jurídico-político se ponen a prueba. Por eso, las personas abajo firmantes decidimos manifestar, de forma pública, nuestro malestar, temor y preocupación por los injustificados recortes y retrocesos que la gestión de esta crisis sanitaria esta suponiendo para los derechos y libertades y, particularmente, para los derechos fundamentales.
Parece razonable que, para tratar de parar la pandemia, se puedan adoptar medidas de una cierta excepcionalidad que condicionan intensamente nuestra vida a fin de evitar los contagios. Pero en la política, como dijo Albert Camus, son los medios los que justifican los fines y no al revés. Por eso un sistema democrático debe siempre huir de la tentación de tomar atajos que, en el nombre de la eficacia, pongan en riesgo la esencia misma de la democracia, de la que los derechos fundamentales y libertades públicas son un pilar imprescindible.
Una actividad sancionadora masiva y centralizada, que parece transformar un problema sanitario en uno de orden público, junto al uso expansivo de las habilitaciones legales que hacen irreconocibles los derechos de manifestación y reunión, y buscan limitar la libertad de expresión… hacen que urja una llamada de atención sobre una deriva, como mínimo, poco respetuosa con los principios democráticos.
El poder judicial y el Tribunal Constitucional tienen también la responsabilidad de realizar un control de estas actuaciones que garantice el ejercicio real de los principios y derechos constitucionales. Es indiscutible la necesidad de proteger la salud pública, pero, al mismo tiempo, deben velar porque estas actuaciones no vayan más allá de lo estrictamente necesario para preservar la vida de las personas y su integridad física, y respeten los derechos fundamentales y libertades públicas, ejes básicos de un estado democrático.
Por eso las personas que firmamos este escrito apelamos a los poderes públicos para que garanticen, sin arbitrariedades -proscritas por el artículo 9.3 de la Constitución-, el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, que no fueron suspendidos por el actual estado de alarma.
Para que salgamos de esta crisis sanitaria, que en ningún caso es una guerra, más reforzados como sociedad y como democracia, el virus no debe infectar la integridad y plena efectividad de nuestros valores fundamentales.
1 de mayo 2020.