Autonomía Sur asesora a seis personas acusadas por un piquete informativo en la Universidad de Sevilla durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010. Están procesados por delitos de desórdenes públicos y cuatro de ellos por atentado, con penas individuales que suman dos años y medio de cárcel en el caso de los segundos.
Desde el poder se intenta amedrentar la lucha obrera, en especial al SAT, el sindicato más represealiado de Europa, con 630 procesados y casi un millón de euros en multas.
