La mayoría de los servicios públicos municipales se prestan bajo condiciones de monopolio natural (abastecimiento de aguas, alumbrado público, recogida y tratamiento de residuos domésticos, limpieza viaria, etc.), o en condiciones de reserva de monopolio (transporte público, servicios sociales). Desde una visión mercantilista, estos servicios presentan el gran atractivo de disponer de unos clientes cautivos, una demanda estable y capacidad de pagar por estos servicios, ya sea a través de presupuesto municipal o de tarifas a los usuarios. Acceder a este “mercado” es el sueño de cualquier empresario.
La legislación española permite, desde la aprobación de la Ley 7/1985, la prestación indirecta de los servicios públicos, privatizando su prestación a través de un tercero. Cada municipio aprueba la forma de gestión, directa-municipalizada o indirecta-privatizada para cada uno de los servicios que presta.
Cerca del 60% de los 65.000 millones de euros gestionados a través de los presupuestos de las entidades locales, 37.000 millones, son susceptibles de ser gestionados de forma privada. El volumen de negocio de los servicios públicos privatizados estaría entorno a los 17.400 millones de euros, con unas oportunidades de crecimiento de 19.600 millones de euros. Mercado cautivo y de gran volumen. De ahí el gran esfuerzo de generación del relato de la eficiencia y las bondades de la colaboración público-privada de los medios de propaganda.
Los servicios privatizados presentan sobrecostes respecto el servicio prestado de forma directa, con encarecimientos medios del 27% en recogida de basuras o el 71% en limpieza. Sobrecoste que además lleva añadido una prestación del servicio de menor calidad y una infra-inversión.
En una situación de emergencia social resulta especialmente pornográfico destinar recursos públicos a cuentas de resultados de grandes transnacionales. Por suerte, esta crisis nos ha obligado a repensar nuestras realidades, a confeccionar otro relato, y a practicar otras alternativas. Otro relato en el cual una empresa privada no es eficiente prestando un servicio público en condiciones de monopolio, sino que sólo es eficaz maximizando sus beneficios con un amplio menú de técnicas de esquilmado de recursos públicos.
Uun servicio remunicipalizado es más económico porque: no está sujeto a IVA; no extrae plusvalías para repartir dividendos; no aplica comisiones comerciales en los suministros; no necesitamos múltiples equipos técnicos.
Además del ahorro económico, pasamos de la dinámica de conflicto de intereses en las privatizaciones (empresa busca beneficios, municipio busca servicio económico), a una dinámica en la que todos ganan por la coincidencia de intereses.
En el marco legal español, para remunicipalizar los servicios públicos no hace falta nada más que rescindir los contratos de gestión indirecta con que se privatizaron y abrir nuevos expedientes de cambio de forma de gestión de los servicios. Para la rescisión disponemos de 5 alternativas: 1. Vencimiento del contrato; 2. Rescate del servicio; 3. Resolución por mutuo acuerdo; 4. Incoación de expediente sancionador; 5. Renuncia del contrato.
Existen limitaciones para crear nuevos entes en municipios con plan de ajuste, quedando siempre abierta la posibilidad de prestar el servicio con personal propio. Respecto a la prohibición de contratar nuevo personal en el sector público, la ley de presupuestos de 2015 permite la contratación temporal de nuevo personal para la prestación de servicios básicos y para las necesidades urgentes e inaplazables, el caso de los servicios públicos municipales.
Remunicipalizar los servicios públicos locales es posible y además nos permite preguntar a qué vamos a dedicar el ahorro del sobrecoste de las privatizaciones, en lugar de preguntarnos qué vamos a recortar.
Resumen del artículo:
http://ecologiapolitica.info/wordpress/?p=2286