Sí, es posible. Existen varias causas de aplazamiento (enfermedad de algún interviniente, fuerza mayor, decisión del Juzgado, acuerdo de las partes, litispendencia, etc.) y no es infrecuente que las fechas previstas para los juicios se suspendan. De hecho, es algo que ocurre a menudo en los Juzgados.

El plazo para dictar sentencia depende del Magistrado que la dicte. En algunas ocasiones tardan días y en otras hasta meses.

Antes de percibir cualquier cantidad es necesario tener resolución favorable. Desde que esta adquiera firmeza se solicita la ejecución que abre un nuevo sub-proceso judicial y administrativo cuando este lo comunica a la Administración correspondiente.

Suele llevar varias semanas.

Sí, cabe recurso.

En cualquier Tribunal o Juzgado que no sea “Juzgado de Paz”.

Para hacerlo mediante la aplicación telemática del Ministerio, los requisitos son los que establece tal plataforma y es necesaria la firma digital.

En el que corresponda a cada demanda. No está prefijado de antemano, sino que al presentar la demanda, ésta va a reparto.

En caso de obtener sentencia favorable, las cantidades se fijan allí. Cuando la sentencia adquiera firmeza y se ejecute, entonces se cobrarían. No existe un plazo preestablecido para esto.

En este procedimiento no, porque el objeto es otro. Sería necesario poner otra demanda con esa finalidad.

Debemos esperar a que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dicte sentencia. Cuando esté dictada y sea firme, solicitaremos la ejecución.

1. admisión de la demanda y requerimiento de poder.
2. citación para juicio .
3. sentencia.

No obstante, vamos comunicando esto conforme lo va haciendo el Juzgado. No podemos marcar un calendario predefinido porque es la Justicia quien lo hace.

Es una cuestión que depende exclusivamente de la agenda de cada Juzgado, y no todos van al mismo ritmo ni señalan en las mismas fechas.

En este procedimiento no, porque el objeto es otro. Sería necesario poner otra demanda con ese objeto.

Que optemos por la tutela de derechos fundamentales no implica que abandonemos ninguna otra de las reclamaciones. Estamos planteando la defensa de los derechos completos y conforme a nuestro mejor criterio jurídico. Por ello, optamos en primer lugar por la tutela, sin renunciar a ninguna otra cuestión.

El mismo día que la recibamos la notificaremos por correo electrónico, como con todas las comunicaciones relevantes del Juzgado (requerimiento de poder o citación de juicio). Seguiremos el mismo mecanismo.

Por el momento la tendencia de todos los Ayuntamientos es recurrir. Ahora bien, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de Justicia de Andalucía (TSJA) no está estimando dichos recursos. Tendremos que esperar a la resolución del recurso para proceder con la ejecución.

Que optemos por la tutela de derechos fundamentales no implica que abandonemos ninguna otra de las reclamaciones. Estamos planteando la defensa de los derechos completos y conforme a nuestro mejor criterio jurídico. Por ello, optamos en primer lugar por la tutela, sin renunciar a ninguna otra cuestión.

Existe un Juzgado (Social 3 de Cádiz) cuyo Magistrado, a día de hoy, es el único que está sosteniendo un criterio diferente al resto de Juzgados y Tribunales. En esos casos, somos nosotros quienes recurrimos.
Tenemos que esperar a la resolución del recurso por parte de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que hasta la fecha nos ha estimado todos los recursos que hemos planteado en ese sentido respecto de las sentencias recaídas en el Juzgado de lo Social número 3 de Cádiz. Ahora bien, eso no implica ninguna certeza ni seguridad porque es un asunto jurídico.

Cuando alguna parte recurre, la otra parte puede impugnarlo y se eleva el expediente a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que dicta sentencia.

No es posible establecer ninguna fecha aproximada porque no depende de nuestra acción, vamos respondiendo según llegan las notificaciones del Juzgado.

Los juicios no se cancelan, se suspenden. Eso quiere decir que se posponen. Y aunque las causas son muchas y variadas, es una decisión del Juzgado que suele responder en buen número de ocasiones a incidencias organizativas o de procedimiento, es decir, que no tienen que ver con la persona de que se trate.

Sí, los Ayuntamientos –como preveíamos- han recurrido prácticamente todas las sentencias que les han resultado desfavorables. El recurso lo han anunciado en plazo de cinco días desde que les fue notificada la sentencia. Obtenida sentencia firme, cuando esta alcanza la firmeza se puede ejecutar.

El Juzgado de lo Social número 3 de Cádiz mantiene un criterio distinto al resto de Juzgados de lo Social donde hemos presentado demandas, así como también difiere de la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Supremo. Las sentencias que ha ido dictando las hemos recurrido y hasta la fecha hemos obtenido la estimación de nuestros recursos en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. No es cuestión de falta de pruebas –que se han presentado todas, así como las sentencias favorables-, sino de distinto criterio jurídico.

Esa es una de las actuaciones que estamos llevando a cabo y sobre las que basamos buena parte de nuestra defensa. Más concretamente es el procedimiento establecido en el artículo 177 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social denominado “De la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas”.

Las demandas están entregadas en el Juzgado, que es el lugar previsto expresamente por el artículo 80.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Es el documento iniciador del procedimiento.

En nuestro caso no hemos renunciado a ninguna reclamación de tutela de derechos fundamentales ni tampoco a ninguna reclamación de cantidades. Nos consta que otros abogados sí han optado por este criterio pero desconocemos los motivos.

No es necesario que asistas personalmente y para eso están previstos los poderes, que sirven para representar ante los Juzgados. La asistencia a juicio es un derecho y no se está obligado a comparecer personalmente en esta clase de procedimiento. De hecho, los protocolos de los Juzgados desaconsejan la asistencia a las sedes judiciales a menos que resulte estrictamente necesario.

Nuestro planteamiento no se basa únicamente en esas diferencias, sino que estamos postulando por una cuestión de reconocimiento de todos los derechos, incluidos los salariales.

No es necesario aportar para juicio ningún dato bancario.

Puedes hacerlo a través del formulario de contacto de la web.

En primer lugar, es necesario celebrar el juicio señalado. Cuando se dicte la sentencia, valoraremos a la vista de la misma cuál es la mejor estrategia. En ningún caso hemos requerido ningún otro pago cuando hemos impugnado los recursos de los Ayuntamientos. Y sí, existe ya jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal de Justicia de Andalucía que ha sido confirmada por el Tribunal Supremo. No obstante, seguimos asistiendo a multitud de recursos por parte de los Ayuntamientos.

La igualdad es precisamente el primero de los derechos fundamentales que consigna la Constitución. Aparece concretamente en el artículo 14.

Por nuestra parte estamos poniendo todas las demandas, denuncias, recursos, impugnaciones de recursos, escritos de trámite, elaborando informes y preparando notas instructas para los juicios. Hemos asumido la defensa de este asunto y estamos desarrollando la más amplia batería de medidas para alcanzar el mayor éxito posible de las reclamaciones.

El día 28 de febrero fue domingo y de no haberlo sido sería festivo. No es posible que haya actuaciones judiciales del orden social previstas para ese día. En todo caso, estamos notificando las sentencias el mismo día que los Juzgados nos las trasladan.