Los resultados electorales en múltiples pueblos y ciudades de Andalucía son una oportunidad para cambiar el modo de gestionar los Ayuntamientos. La promoción del cooperativismo en particular, y de la economía social y solidaria en general, puede convertirse en un instrumento para crear empleo y resolver otras necesidades de los sectores desfavorecidos.
En este sentido, el movimiento cooperativo y de economía solidaria tiene por delante una gran oportunidad para crecer. Ahora bien, no va a ser fácil arrancar las raíces que provocan los problemas sociales y ambientales de nuestros municipios; el cambio del actual modelo productivo orientado a satisfacer la codicia de una minoría, tanto autóctona como foránea, por otro modelo que tenga en cuenta las necesidades de la mayoría actual y la supervivencia de las generaciones futuras. Todo el entramado legal e institucional se mostrará como lo que es, como una auténtica camisa de fuerza diseñada para impedir el cambio de sistema, desde las normativas de la Unión Europea para garantizar la libre competencia hasta la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, pasando por el artículo 135 de la Constitución Española que consagra como prioridad pagar la deuda o la ley catalana de estabilidad presupuestaria. Se necesitará mucho coraje personal, mucha inteligencia política y mucho apoyo popular para desobedecer cuando sea necesario estas leyes injustas (deberemos crear un frente común de «municipios desobedientes»).
La economía social y solidaria puede ser un aliado útil para generar procesos que culminen en reformas radicales y estructurales. Ahora bien, no es posible crear en cuatro años miles de cooperativas para resolver el problema del desempleo. No hay, ni siquiera, suficientes personas desempleadas con mentalidad y habilidades cooperativistas para crearlas. La economía solidaria es la autoorganización popular en la producción y distribución de bienes y servicios. Y la autoorganización popular se puede y debe facilitar, estimular, acompañar, etc., pero tiene sus límites y sus tiempos de maduración. No se puede imponer a golpe de ley ni tampoco de talonario.
Tenemos conocimientos sobre qué tipo de formación puede ser más útil para los futuros cooperativistas y emprendedores sociales, qué entornos de trabajo pueden ayudar a consolidar estas empresas cuando comienzan, qué criterios de compra pública pueden beneficiarlas, etc. Poco a poco vamos sabiendo qué actuaciones de política pública pueden ser más efectivas para propiciar que nazcan y se consoliden nuevos proyectos socioempresariales. En esencia, se pueden resumir algunas como las siguientes: la necesidad de que el cooperativismo participe en la elaboración de las políticas públicas; exigir la compra y la contratación pública socialmente responsables; dotar de más recursos la promoción de las empresas del sector; apoyo de la administración a la transformación en cooperativas de empresas y asociaciones en crisis o en proceso de relevo generacional; mejorar los instrumentos de financiación del sector.
Ahora bien, no se ha inventado, ni se va a inventar ninguna máquina de hacer cooperativas. La realidad es la que es: las cooperativas sólo las pueden hacer las personas cooperativistas. Y esto nos remite a lo que quizá sea el principal reto que deberán afrontar los nuevos ayuntamientos: conseguir que los andaluces que han votado por un cambio profundo entiendan que cambiar sólo será posible si, además de tener unos consistorios que regulan y distribuyen recursos a su favor, se activan, es decir, se organizan para resolver colectivamente sus necesidades económicas, sociales y culturales, exigiendo para ello los recursos públicos que necesiten. Y si, además, estas personas están dispuestas a cambiar algunos hábitos propios que son insostenibles socialmente (individualismo, insolidaridad …) y ambientalmente (consumismo) y que forman parte del mismo sistema que quieren superar.
El principal éxito de estas nuevas formaciones, como de cualquier actor político, se medirá por su capacidad de potenciar, extender y consolidar nuevos hábitos, nuevas instituciones y nuevos derechos. Así, cuando las fuerzas conservadoras recuperen las alcaldías (dentro de los años que sean), ya no se atreven a revertir una serie de ganancias. No, no tenemos ninguna máquina de hacer cooperativas, pero podemos crear y consolidar unas políticas públicas elaboradas junto con el sector cooperativo para que, no en los próximos cuatro años sino en los próximos veinte años, salgan muchas más personas de las que salen ahora que quieran y puedan hacerlas.
Este artículo es una adaptación, más que una traducción, de dos artículos de Jordi García Jané: «No hi ha màquina de fer cooperatives»; Qué demanen el cooperativisme i l’economia solidària als nous ajuntaments?