En los últimos 30 años la economía andaluza vive bajo un capitalismo que ha dejado a los “mercados”, especialmente a los mercados financieros, como árbitros fundamentales de la regulación económica y social, eclipsando el papel jugado anteriormente por otros agentes reguladores, especialmente, los estados. En este marco, es urgente que la economía social juegue un papel destacado en múltiples aspectos. En especial, a la hora de la privatización de los servicios públicos, de la creciente necesidad de una buena parte de la población por garantizarse los servicios básicos ante la oleada de «nuevas desamortizaciones» que se avecinan como consecuencia de las necesidades financieras de los estados.
La variante andaluza del capitalismo no ha servido para poner a nuestra Tierra a la altura de otros territorios ni del Estado español ni de Europa. La dependencia de la trayectoria recibida de una estructura económica injusta y un empresariado escaso, cicatero y buscador de rentas pesa mucho en la economía andaluza. La economía social andaluza debe ser alternativa a un modelo de capitalismo que viene de siglos, en la que la propiedad y la empresa privada, que ha gozado de innumerables privilegios políticos, han jugado un pésimo papel a la hora de contribuir al desarrollo socioeconómico andaluz.
Ahora bien, ¿qué economía social?, ¿qué cooperativismo? Al echar la vista atrás a la historia de la economía social en general, y de la andaluza en particular, se encuentran multitud de modalidades, perspectivas e intenciones, desde las mutualistas, asistenciales y “transformadoras” hasta las meramente empresariales, oportunistas o buscadoras de renta.
El profesor Carlos Arenas Posadas nos dice que desde sus inicios en el siglo XIX, hubo cooperativas andaluzas que nacieron con voluntad de emprender un modelo económico alternativo. En Andalucía, un capitalismo antiguo impregnado de reminiscencias «feudales» era sinónimo de privilegio. La alternativa pasaba por el colectivismo frente a capitalismo privado. Empresa colectiva de muchos frente a la empresa individual y privilegiada de unos pocos. La sociedad civil se organizaba alternativamente al capitalismo privado. El primer cooperativismo estuvo impregnado de los valores y costumbres solidarios que el artesanado había heredado de los gremios, de la práctica y defensa de la autonomía funcional, la democracia industrial, el mutualismo y las prácticas de control de los mercados de trabajo locales.
Lejos de cualquier viso de neutralidad, el aglomerado social que participaba del movimiento cooperativo jugó un papel fundamental en los movimientos “revolucionarios” de aquella época. El objetivo de su acción política era la consecución de un modelo de autogobierno local que satisficiera las expectativas del “pueblo”. Artesanos, profesionales, obreros cualificados y pequeños propietarios fueron protagonistas en el periodo que va desde 1868 y la primera república, y todo ello en aras a participar activamente en los gobiernos locales, detrayendo el poder a los oligarcas.
Durante el siglo XX, el grueso del cooperativismo andaluz perdió los supuestos intelectuales e ideológicos que habían tenido en los treinta primeros años de su historia. El cooperativismo fue víctima de consideraciones asistenciales de tipo religioso, de maniobras oportunistas de los que veían en las cooperativas una fórmula para añadir a sus riquezas aquellas que provinieran de las ventajas concedidas por la administración. En Andalucía, sin embargo, y al compás de la crisis del régimen franquista y del capitalismo español desde mediados de los años sesenta del siglo XX, aparecerán notabilísimas excepciones que harán del cooperativismo tanto un medio de vida como un arma ideológica y política de abierta oposición al régimen.
Con la crisis que se inicia en 2007, la economía social se presenta ante la sociedad como el gran refugio para el autoempleo en años de crisis. Durante estos años son múltiples los tipos de cooperativismo y de modalidades de economía social que surgen en Andalucía. A muy grandes rasgos, se pueden encontrar, por un lado, entidades instrumentalizadas y controladas por el poder político y por el gran capital, al margen de los principios reconocibles del cooperativismo. Se trata de una economía social donde persisten las tradiciones verticalistas y clientelares. Por otro lado, se van creando cooperativas de consumidores y de trabajo asociado cuyos principios y valores provienen en mayor o menor medida de los nuevos movimientos sociales.
Ante esta situación nos parecen pertinentes las preguntas que en 1984 realizaba Maxime Haubert. “Si el cooperativismo es un sistema en el que los dueños de las empresas son los usuarios de las mismas, como productores o consumidores, ¿sería el cooperativismo una vía para que Andalucía sea dueña de sus recursos y actividades económicas y los dirija a satisfacer las necesidades prioritarias de los andaluces en materia de empleo, de vivienda, de alimentación, etc.? Si las cooperativas son empresas democráticas, responsables y solidarias, ¿sería el cooperativismo una vía para que haya en Andalucía más democracia, más responsabilidad y más solidaridad? Si las cooperativas son asociaciones en las que unen sus esfuerzos hombres y mujeres de los grupos sociales dominados y explotados, ¿sería el cooperativismo una vía para que no haya en Andalucía tanta dominación y tanta explotación?”.
En Autonomía Sur queremos buscar respuestas a estas preguntas. Al dar respuesta a estas cuestiones queremos aproximarnos a lo que entendemos por cooperativismo autogestionario y transformador. En este sentido, esta economía social debe huir del control del poder político y económico y apostar por generar unidades económicas de producción de bienes y servicios que sirvan, fundamentalmente, para satisfacer las necesidades básicas de las personas (vivienda, alimentación, vestido, etc.). Además, buscamos un cooperativismo que sea útil para generar una sociedad más democrática y solidaria, una Andalucía donde la dominación y la explotación sean conceptos que sólo aparezcan en los libros de historia.